La decisión de la Corte fue criticada por los tres jueces progresistas. La magistrada Ketanji Brown Jackson expresó su disidencia por escrito, calificando la resolución como "otro grave uso indebido de nuestro expediente de emergencia" y advirtió que el tribunal estaba permitiendo a la Casa Blanca "perturbar tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible". Los demandantes, inmigrantes venezolanos amparados por el TPS, argumentaron que la revocación violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y denunciaron que la medida estaba influenciada por prejuicios raciales y políticos. Con esta segunda autorización de la Corte Suprema, la administración Trump tiene vía libre para avanzar en la cancelación definitiva de un programa que había permitido a cientos de miles de venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos.