Estas acciones se enmarcan en una estrategia para aislar al mandatario venezolano, a quien acusan de liderar una organización narcoterrorista. El gobierno estadounidense elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, una cifra que supera la ofrecida en su momento por Osama bin Laden. Adicionalmente, los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley denominado "Stop Maduro Act" para duplicar esa cifra a cien millones de dólares.

Esta iniciativa se complementa con la "Bolivar Act", que prohibiría a agencias del gobierno estadounidense realizar contratos con empresas que mantengan negocios con el "régimen de Maduro".

Estas medidas buscan asfixiar financieramente al gobierno venezolano y aumentar la presión legal sobre su cúpula.

La justificación principal de Washington es la acusación de que Maduro lidera el "Cartel de los Soles", una organización que Estados Unidos ha designado como terrorista y a la que responsabiliza del tráfico de drogas hacia su territorio. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que Maduro es un "fugitivo de la justicia estadounidense". Esta narrativa de "narcoterrorismo" es la que ha servido de base para justificar el despliegue militar en el Caribe y los ataques a presuntas narcolanchas, enmarcados en lo que Trump ha definido como un "conflicto armado" contra los carteles.