Bajo esta premisa, el presidente ha determinado que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado con estas organizaciones, a las que previamente ha designado como terroristas.

Esta justificación legal permite al Ejecutivo ordenar operaciones militares, como los recientes ataques a embarcaciones cerca de Venezuela, bajo el amparo del derecho de los conflictos armados, en lugar de considerarlos como ejecuciones extrajudiciales.

La medida ha sido criticada por legisladores demócratas, quienes cuestionan que se realicen acciones de guerra sin la debida autorización del Congreso. Analistas legales señalan que esta declaración otorga al presidente "poderes extraordinarios en tiempos de guerra" y podría sentar un precedente para futuras acciones militares, incluso dentro del territorio de países como Venezuela o México, si se logra vincular a sus gobiernos con los carteles designados como terroristas.