Esta medida de excepción otorgaría al mandatario poderes especiales para movilizar a la Fuerza Armada y controlar infraestructuras estratégicas ante una eventual agresión. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el presidente Maduro ya suscribió el decreto, el cual se activaría "de manera inmediata" en caso de "cualquier tipo de agresión" por parte de Estados Unidos. Según Rodríguez, la medida otorga "plenas facultades al presidente Nicolás Maduro para desplegar a la Fuerza Armada en todo el país y tomar militarmente todas las infraestructuras de servicios". El decreto, contemplado en la Constitución venezolana, permite al Ejecutivo tomar control de industrias estratégicas como la de hidrocarburos, cerrar fronteras, y activar a los 4,5 millones de milicianos que el chavismo asegura tener para la defensa nacional. La vigencia inicial del estado de excepción sería de 90 días, prorrogables. El gobierno venezolano justifica esta acción como una respuesta necesaria para proteger "la integridad territorial, la soberanía, la independencia y los intereses estratégicos" del país frente a lo que califica como "amenazas peligrosas" y un "asedio" de Washington. La medida ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos como Acceso a la Justicia, que advierten sobre la posible "restricción temporal de derechos constitucionales" y la opacidad en la aplicación de un decreto cuyo texto completo no ha sido publicado.

Esta preparación legal y política se suma a los ejercicios militares y el alistamiento de reservistas ordenados por Maduro, consolidando una postura de defensa total ante una posible confrontación.