Esta narrativa ha sido una constante en su segundo mandato.

Durante una reunión con altos mandos militares, Trump afirmó que “Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y otras cosas”, justificando así la intensificación de la vigilancia y las acciones militares. Su administración ha utilizado la designación de organizaciones como el Tren de Aragua como grupos terroristas para fundamentar legalmente tanto las deportaciones masivas de venezolanos como los ataques letales en el Caribe. La campaña de “máxima presión”, que incluye sanciones económicas, presión diplomática y ahora una demostración de fuerza militar, tiene como objetivo no solo modificar la conducta del gobierno venezolano, sino desestabilizarlo por completo. Analistas señalan que esta política es una continuación de los esfuerzos de su primer mandato, reforzada por presiones internas de facciones de ultraderecha y la comunidad venezolano-estadounidense, especialmente en el estado clave de Florida. La estrategia de Trump combina la fuerza militar con una guerra de narrativas, presentando a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos y legitimando así una política intervencionista sostenida.