La propuesta legislativa no solo aumenta la recompensa, que ya había sido elevada a 50 millones de dólares por la administración Trump, sino que también estipula que cualquier pago provendría de la liquidación de activos decomisados al gobierno de Maduro y sus colaboradores. Según los proponentes, el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en bienes vinculados al mandatario venezolano. La senadora Moody enmarcó la iniciativa dentro de la lucha contra el “narcoterrorismo”, acusando a Maduro de liderar el Cartel de los Soles y de contrabandear drogas que “desestabilizan” las comunidades en Estados Unidos. Adicionalmente, los senadores presentaron otra medida, la “Bolivar Act”, que prohibiría a las agencias del gobierno estadounidense realizar negocios con empresas que tengan vínculos con el régimen de Maduro. Estas propuestas legislativas se suman al despliegue militar en el Caribe y a las sanciones económicas, demostrando que la presión sobre Caracas se está librando en múltiples frentes: militar, diplomático y ahora también legislativo, con el objetivo de aislar financieramente al gobierno venezolano y facilitar su desmantelamiento.