El fallo contó con la disidencia de los tres jueces progresistas del tribunal. La magistrada Ketanji Brown Jackson expresó su oposición por escrito, calificando la resolución como “otro grave uso indebido de nuestro expediente de emergencia” y advirtiendo que la Corte estaba permitiendo a la Casa Blanca “perturbar tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”. El TPS fue otorgado a los venezolanos en marzo de 2021 por la administración de Joe Biden, en respuesta al deterioro de la crisis política, económica y humanitaria en el país sudamericano. Sin embargo, el actual gobierno de Trump sostiene que las condiciones en Venezuela ya no justifican esta protección especial.

Los demandantes, un grupo de inmigrantes venezolanos amparados por el TPS, argumentaron que la revocación violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y estaba influenciada por prejuicios raciales y políticos. Con esta segunda autorización de la Corte Suprema, la administración Trump tiene vía libre para avanzar en la cancelación definitiva del programa, lo que podría resultar en la deportación de cientos de miles de personas que habían podido residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.