Maduro activa 'decreto de conmoción externa' y se otorga poderes especiales
En respuesta a lo que califica como “amenazas peligrosas” y una posible “agresión” por parte de Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha firmado un decreto de “conmoción externa”. Esta medida, contemplada en la Constitución como un estado de excepción, le otorga poderes especiales y casi totales al Ejecutivo para actuar en materia de defensa y seguridad nacional. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el decreto tiene “efecto inmediato” y se activaría plenamente en caso de un ataque. Las facultades que confiere a Maduro son amplias: puede movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente infraestructuras estratégicas como industrias de hidrocarburos y servicios públicos, cerrar fronteras y activar a los 4,5 millones de milicianos que el gobierno asegura tener. El decreto, con una vigencia inicial de 90 días prorrogables, también contempla la “restricción temporal” de derechos constitucionales, un punto que ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, que temen un cierre aún mayor del espacio democrático y una mayor opacidad en las acciones del gobierno. Maduro justificó la medida como una necesidad para proteger “la integridad territorial, la soberanía, la independencia y los intereses estratégicos” del país. Esta acción formaliza la postura defensiva de Venezuela y la prepara legal y operativamente para un escenario de confrontación directa, consolidando el poder en manos del Ejecutivo ante la creciente tensión militar en el Caribe.



Artículos
5
Kevin Rudd adelantará su salida de Washington y regresará a la Asia Society luego de tensiones públicas con el presidente estadounidense.

El pronunciamiento recuerda excarcelaciones recientes en Venezuela y Nicaragua y señala que la isla sigue sin adoptar medidas similares.

El activista aseguró que los adolescentes fueron aprehendidos por policías municipales, imputados por delitos graves y recluidos en malas condiciones.

La ONG Iran Human Rights alertó además que algunos de los 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.






