El gobierno de Nicolás Maduro anunció que elevará una denuncia formal ante organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esta acusación de violación del espacio aéreo se suma a las denuncias previas por el despliegue naval estadounidense en la región, consolidando la narrativa de Caracas de que es víctima de una estrategia de hostigamiento directo por parte de Washington. El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el hecho, afirmando que estas acciones han convertido el Caribe “de zona de paz como se acordó con los mismos EEUU en zona de agresión y colonización”.
Venezuela denuncia incursión de aviones de combate de EE. UU. cerca de sus costas
El Gobierno de Venezuela ha denunciado la incursión de múltiples aeronaves de combate estadounidenses en su espacio aéreo controlado, calificando los hechos como “acoso militar”, una “provocación” y una grave amenaza a su seguridad nacional. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que los sistemas de defensa aérea detectaron “más de cinco vectores” volando a 35.000 pies de altura y a una velocidad de 400 nudos, cerca de las costas del país en el mar Caribe. Según la denuncia venezolana, la incursión fue detectada no solo por los sistemas militares, sino también por una aerolínea comercial colombiana, que alertó a las autoridades de tráfico aéreo del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, lo que sugiere un riesgo para la aviación civil en la zona. Padrino López declaró que “el imperialismo americano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas” y que estas maniobras no intimidan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



Artículos
5
Kevin Rudd adelantará su salida de Washington y regresará a la Asia Society luego de tensiones públicas con el presidente estadounidense.

El pronunciamiento recuerda excarcelaciones recientes en Venezuela y Nicaragua y señala que la isla sigue sin adoptar medidas similares.

El activista aseguró que los adolescentes fueron aprehendidos por policías municipales, imputados por delitos graves y recluidos en malas condiciones.

La ONG Iran Human Rights alertó además que algunos de los 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.






