Bajo órdenes directas del presidente Donald Trump, las fuerzas militares de Estados Unidos han ejecutado una serie de ataques letales contra presuntas 'narcolanchas' en aguas internacionales del Caribe, varias de ellas cerca de la costa de Venezuela. Estos operativos, que han dejado un saldo de al menos 21 muertos, representan una agresiva escalada en la estrategia estadounidense y han sido condenados por líderes regionales como el presidente colombiano Gustavo Petro, quien los calificó de “asesinatos”. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmó la realización de al menos cinco ataques desde septiembre, afirmando que las embarcaciones destruidas estaban afiliadas a “organizaciones terroristas designadas” y transportaban narcóticos destinados a “envenenar al pueblo estadounidense”.
El Pentágono ha difundido videos que muestran las lanchas siendo destruidas por misiles. La justificación de Washington se ampara en que la inteligencia estadounidense confirmó “sin lugar a dudas” que las embarcaciones traficaban narcóticos y que sus tripulantes eran “narcoterroristas”. Sin embargo, estas operaciones han generado una fuerte controversia por la falta de verificación independiente sobre la identidad de las víctimas o la naturaleza de la carga. El presidente Petro ha sido una de las voces más críticas, argumentando que las personas a bordo no eran capos del narcotráfico, sino “jóvenes pobres de las islas del Caribe tratando de sobrevivir económicamente”. Petro contrastó el uso de fuerza letal con los métodos de interdicción de la Armada colombiana, que, según él, incauta mayores cantidades de droga sin causar muertes, y denunció que Estados Unidos rompió el “principio jurídico universal de proporcionalidad”.
En resumenLos ataques letales de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe marcan un cambio hacia el uso directo de la fuerza militar en su política antidrogas, generando una fuerte condena internacional y cuestionamientos sobre su legalidad y proporcionalidad.