Esta medida es crucial porque permite a Washington enmarcar su ofensiva como una lucha antiterrorista.

Con base en estas designaciones, la Casa Blanca ha declarado un "conflicto armado no internacional" con dichos carteles, lo que le permite tratar a sus miembros como "combatientes ilegales" y justificar legalmente los ataques letales en el Caribe.

Además, esta clasificación ha sido la base para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada para deportar masivamente a venezolanos sin el debido proceso, bajo el argumento de que están vinculados a una entidad terrorista. Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, habría promovido esta designación específicamente para sustentar las deportaciones masivas. Aunque informes de inteligencia estadounidenses han cuestionado la conexión directa entre el Tren de Aragua y el Estado venezolano, la designación sigue siendo una herramienta política y legal de gran poder para la administración Trump.