Deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798

En una medida legal sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, la administración Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de ciudadanos venezolanos. Esta acción ha permitido la expulsión de cientos de personas sin el debido proceso, generando graves preocupaciones sobre derechos humanos. La ley, utilizada previamente solo en tiempos de guerra declarada como la Guerra de 1812 y la Segunda Guerra Mundial, se está aplicando ahora en tiempos de paz contra venezolanos. La justificación de la Casa Blanca se basa en la designación de la banda criminal Tren de Aragua como una organización terrorista y en la afirmación, disputada por informes de inteligencia, de que dicha banda tiene vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Un caso documentado detalla la deportación de 252 venezolanos bajo esta ley. Tras ser expulsados, estas personas fueron presuntamente sometidas a "encarcelamiento y tortura en un campo de concentración en El Salvador", lo que añade una dimensión de grave riesgo para los deportados y vincula la política migratoria estadounidense con la situación de derechos humanos en un tercer país. Esta política se suma a otras medidas, como la finalización del TPS, que buscan reducir la población migrante venezolana en Estados Unidos, en línea con la agenda nativista de la administración.

La medida ha sido criticada por su base legal cuestionable y por las consecuencias humanitarias para quienes son devueltos.

En resumen

La invocación de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar venezolanos en tiempos de paz es una de las acciones migratorias más radicales de la administración Trump. Esta política no solo niega el debido proceso a los migrantes, sino que también los expone a graves peligros en los países de destino, evidenciando un endurecimiento extremo de la postura de EE. UU.

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