Esta decisión judicial representa un duro golpe para la diáspora venezolana en el país, dejándola expuesta a la deportación.

El TPS es una designación humanitaria que la legislación estadounidense otorga a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras catástrofes. La finalización de esta medida para los venezolanos es parte de una política migratoria más restrictiva por parte del gobierno de Trump, que ha intensificado la "persecución interna" de esta comunidad. La medida afecta a una población considerable: según los artículos, las protecciones para un grupo de 350.000 venezolanos ya vencieron en abril, mientras que para otros 250.000, el beneficio expirará en noviembre. La decisión de la Corte Suprema se produce en el marco de una disputa legal que se inició cuando la administración Trump intentó por primera vez terminar el TPS para los venezolanos. Aunque el litigio continúa en tribunales inferiores, el fallo del máximo tribunal permite al gobierno proceder con la cancelación de las protecciones mientras se resuelven las apelaciones, creando un clima de incertidumbre y temor entre los beneficiarios. Esta política se alinea con otras acciones de la administración, como las deportaciones masivas y la retórica que vincula a los inmigrantes venezolanos con la delincuencia.