Esta medida de excepción constitucional otorga al Ejecutivo poderes especiales para organizar la defensa del país ante una posible agresión externa.

El decreto, anunciado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, faculta a Maduro para desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar control militar de infraestructuras estratégicas como industrias y servicios públicos, cerrar fronteras y activar a los 4,5 millones de milicianos que el gobierno asegura tener. Según Rodríguez, el decreto "se activaría de manera inmediata" en caso de "cualquier tipo de agresión". Esta acción legal se complementa con una serie de preparativos militares sobre el terreno. El gobierno venezolano ha ordenado ejercicios militares en zonas estratégicas como la isla de La Orchila, ha llamado al alistamiento de reservistas y ha organizado simulacros nacionales de emergencia para preparar a la población civil ante un eventual conflicto armado. El presidente Maduro ha declarado que "Venezuela jamás será humillada por ningún imperio" y que estas medidas buscan garantizar que la nación tenga el respaldo de todas sus fuerzas para responder a las amenazas. La oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, advirtiendo que este tipo de decretos podría suspender derechos fundamentales y profundizar el cierre del espacio democrático en el país.