El gobierno de Maduro ha presentado esta medida como una herramienta constitucional para proteger "la integridad territorial, la soberanía, la independencia y los intereses estratégicos" del país. Sin embargo, la medida ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la opacidad del texto —que no ha sido publicado en su totalidad— y el riesgo que conlleva la posible restricción de derechos constitucionales y un cierre aún mayor del espacio democrático en Venezuela.