Esta declaración busca proporcionar un marco legal para justificar operaciones militares en el Caribe, incluyendo acciones letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas a Venezuela.

Mediante un memorando confidencial enviado a varios comités del Congreso, la Casa Blanca argumenta que los miembros de estas organizaciones criminales deben ser considerados "combatientes ilegales" y "grupos armados no estatales", cuyas acciones acumuladas constituyen un "ataque armado contra Estados Unidos". Esta recalificación permite que las operaciones militares, como el reciente hundimiento de al menos tres lanchas en el mar Caribe que resultó en la muerte de 17 personas, sean consideradas acciones legítimas bajo el derecho de los conflictos armados, en lugar de asesinatos o actos ilegales.

La medida ha sido criticada por legisladores demócratas, quienes acusan a Trump de no solicitar la debida autorización del Congreso para estas operaciones. La justificación de la administración Trump vincula directamente estas acciones con Venezuela, acusando al presidente Nicolás Maduro de liderar el llamado "Cartel de los Soles", una organización que Washington ha designado como terrorista. Analistas y críticos advierten que esta declaración formal de conflicto representa un cambio significativo en el uso del derecho internacional humanitario y de los poderes de guerra del ejecutivo, y podría sentar las bases jurídicas para una escalada militar, incluyendo posibles ataques directos en territorio venezolano bajo el pretexto de operaciones antinarcóticos.