La medida tiene una vigencia inicial de 90 días, prorrogables. El gobierno venezolano presentó esta acción como un acto de defensa de la soberanía, con Maduro afirmando que «Venezuela jamás será humillada por ningún imperio».

Sin embargo, el decreto ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, señaló que la «principal preocupación» es la posible «suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad», ya que la ley de estados de excepción incluye la «restricción temporal» de derechos constitucionales, y el contenido completo del decreto no ha sido publicado, lo que genera denuncias de opacidad.