En el marco de esta operación, el presidente Donald Trump ha confirmado ataques letales contra varias embarcaciones, afirmando que desde entonces «no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática». Un análisis de costos sugiere que la operación representa apenas el 0,1 % del presupuesto anual del Pentágono, una inversión mínima para enfrentar una economía criminal que solo en Venezuela se estima en más de 8.200 millones de dólares anuales.

Desde Caracas, la percepción es radicalmente opuesta.

El gobierno de Maduro ha denunciado el despliegue como una «amenaza», un «asedio» y una justificación para una «agresión armada militar» con el fin de apoderarse del petróleo venezolano.

Pescadores locales han expresado temor por su seguridad, declarando: «Salimos de noche y no sabemos los peligros».

Esta divergencia de narrativas ha creado un ambiente de alta volatilidad, donde una acción militar justificada como lucha antinarcóticos es interpretada por Venezuela como el preludio de una posible invasión.