Fuentes del Departamento de Estado indican que se están coordinando acciones con aliados en América Latina y Europa para reactivar sanciones que habían sido flexibilizadas, debido a lo que Washington considera un incumplimiento de los compromisos electorales por parte de Caracas.

Esta ofensiva diplomática busca aislar aún más al régimen y fortalecer a la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Entre las medidas contempladas se encuentran restricciones financieras adicionales y la revocación de licencias a empresas extranjeras que operan en el sector petrolero venezolano. Además, se planea impulsar nuevas resoluciones ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU para denunciar violaciones de derechos humanos. Esta estrategia de “presión multilateral” se enmarca en un contexto más amplio de debilitamiento de la oposición venezolana, marcada por la fragmentación interna y la represión. El reconocimiento internacional a Juan Guaidó en 2019, que representó un punto álgido de la presión exterior, no logró materializar un cambio de gobierno, lo que ha llevado a un replanteamiento de las tácticas. El gobierno de Maduro ha calificado estas acciones como “injerencistas” y ha respondido con un mayor acercamiento a sus aliados internacionales como Rusia, China e Irán, buscando contrarrestar el aislamiento impuesto por Occidente.

La renovada ofensiva diplomática y sancionatoria de Washington se produce mientras la crisis económica y migratoria en Venezuela continúa sin resolverse.