Sin embargo, Caracas rechaza esta justificación y ha denunciado las maniobras ante la ONU como una “amenaza militar ilegal” y un plan para forzar un “cambio de régimen”. El presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez han interpretado la presencia de esta flotilla armada como una “agresión” y una “creciente hostilidad” que justifica la preparación del país para la defensa, incluyendo la firma del decreto de conmoción externa. El canciller venezolano, Yván Gil, ha instado a los países de América Latina y el Caribe a asumir un rol protagónico para frenar esta presencia militar, advirtiendo que una “agresión armada militar” contra su país “va a afectar toda la región”. La militarización de la zona se ha convertido así en un punto central de la confrontación, con dos narrativas opuestas: una de lucha contra el crimen transnacional y otra de defensa de la soberanía nacional frente a una potencia extranjera.