Sin embargo, la medida ha generado una fuerte controversia. Organizaciones de Derechos Humanos y la oposición política denuncian la opacidad del decreto, cuyo texto no se ha publicado, y alertan sobre la posible suspensión de derechos constitucionales y un cierre aún mayor del espacio democrático. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, manifestó que la “principal preocupación” es la “suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad”. Los analistas debaten si la acción representa una estrategia de defensa genuina o una táctica para consolidar el poder interno en medio de una profunda crisis institucional y económica.