Sin embargo, estas acciones han sido fuertemente cuestionadas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, las ha calificado como “ejecuciones extrajudiciales” y “actos de tiranía”, argumentando que las víctimas no eran capos del narcotráfico, sino “jóvenes pobres” y migrantes desarmados. La falta de pruebas públicas por parte de Washington sobre la identidad de los fallecidos y la naturaleza de los cargamentos ha alimentado la controversia. Organizaciones de derechos humanos y senadores demócratas en EE.

UU. han expresado su preocupación, mientras que el gobierno venezolano denuncia un “ajusticiamiento” de pescadores. Las declaraciones de Trump, en las que promete “borrar de la existencia” a estas redes, han sido interpretadas como una señal de que la política de “máxima presión” podría incluir un uso más extendido de la fuerza letal, elevando el riesgo de un conflicto abierto en la región.