Sin embargo, desde Caracas, la lectura es completamente distinta.

El canciller venezolano, Yván Gil, denunció en la Asamblea General de la ONU una “amenaza militar ilegal” y un plan para forzar un “cambio de régimen”. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha calificado el despliegue como un acto de “supremacismo” y “racismo”.

La oposición venezolana se muestra dividida ante la situación; mientras líderes como María Corina Machado ven la presión como un catalizador para un cambio político, otros como Henrique Capriles advierten que la solución no debe ser militar. La escalada ha generado temor e incertidumbre en la población venezolana y en los pescadores locales, quienes se sienten vulnerables ante la imponente presencia de buques de guerra estadounidenses. El despliegue no solo ha tensado las relaciones entre Washington y Caracas, sino que también ha generado un debate en toda América Latina sobre la soberanía y el riesgo de un conflicto armado en la región.