Estados Unidos sostiene que el régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en un “narcoestado” que facilita el tráfico de cocaína a gran escala en alianza con mafias transnacionales. Funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el propio presidente Trump han descrito a Maduro no como un jefe de Estado, sino como el “jefe de un cartel”. En 2020, fiscales de Nueva York presentaron cargos por narcoterrorismo contra Maduro y otros altos funcionarios, y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Esta caracterización de “narcotraficante fugitivo” es utilizada para legitimar las acciones militares en el Caribe, presentándolas no como una agresión a un Estado soberano, sino como una operación policial contra una organización criminal. El gobierno venezolano ha negado sistemáticamente estas acusaciones, calificándolas como “fake news” diseñadas para justificar una intervención militar y un cambio de régimen. La confrontación de narrativas es un elemento central del conflicto, donde Washington busca aislar a Maduro presentándolo como una amenaza criminal, mientras Caracas se defiende argumentando ser víctima de una agresión imperialista.