Por lo tanto, la medida sirve como un fundamento legal para estas acciones letales y para futuras operaciones. La decisión también tiene un fuerte componente político, ya que permite a la administración Trump enmarcar el problema de la criminalidad venezolana no como un asunto de delincuencia común, sino como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que justifica una respuesta más agresiva y militarizada.