La crisis migratoria venezolana se ha convertido en un nuevo frente en la confrontación entre Washington y Caracas.

A través de su red social Truth Social, Donald Trump emitió una exigencia directa: “Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales entre los que está lo peor del mundo (...) a los que los ‘dirigentes’ de Venezuela han obligado a venir a Estados Unidos”.

La amenaza fue explícita: “¡O el precio que pagaréis será incalculable!”.

Esta postura se alinea con la política migratoria de mano dura de su administración, que busca acelerar las deportaciones masivas. Además de la retórica, el gobierno estadounidense ha tomado acciones legales para debilitar la protección de los migrantes venezolanos. Solicitó a la Corte Suprema que permita retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 300.000 venezolanos, argumentando que mantener este programa humanitario “sería contrario al interés nacional” y podría generar un “efecto llamada”. La administración Trump ha finalizado el TPS para sirios, hondureños, haitianos y nicaragüenses, y la inclusión de los venezolanos en esta política restrictiva marca un endurecimiento significativo. Caracas, por su parte, ha acusado a Estados Unidos de utilizar la migración como un arma política, mientras que la crisis humanitaria en Venezuela, exacerbada por las sanciones, sigue siendo uno de los principales motores del éxodo.