En su último discurso ante la Asamblea General, Gustavo Petro generó un significativo incidente diplomático al confrontar directamente a Estados Unidos.

El mandatario colombiano afirmó que las víctimas de los ataques aéreos en el Caribe “no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción”. Sospechando que algunas de las víctimas podrían ser colombianas, Petro exigió una investigación formal: “Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump”. Esta declaración provocó que la delegación estadounidense presente en el recinto, incluido el delegado permanente Mike Waltz, abandonara la sala en señal de protesta. La reacción de Washington no se hizo esperar. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó de manera contundente que “las acciones de nuestra delegación este martes hablan por sí mismas”, validando el gesto de retiro como una respuesta oficial. Petro también vinculó estos ataques a una política de dominación más amplia, asegurando que “necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina”.

Esta postura marca una de las mayores fracturas en la historia reciente de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, dos países tradicionalmente considerados aliados estratégicos en la región.