Ante el despliegue naval de Estados Unidos, el Ejecutivo venezolano ha activado mecanismos constitucionales y de movilización popular. Nicolás Maduro anunció que su gobierno evalúa decretar el “estado de conmoción exterior”, una figura contemplada en la Constitución que le permitiría suspender derechos y garantías por un período de 90 días, prorrogable, para “responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque”.

Esta medida fue respaldada por los jefes de los demás poderes públicos afines al chavismo.

Simultáneamente, el régimen ha hecho un llamado a la defensa territorial, iniciando jornadas de entrenamiento para la Milicia Bolivariana, un cuerpo compuesto por civiles voluntarios. Se han difundido videos de hombres, mujeres y adultos mayores recibiendo instrucción en el manejo de armas en diversas comunidades, bajo la supervisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha descrito estas acciones como un “hito” en la “revolución militar” del país, con el objetivo de “defender centímetro a centímetro la patria”. En Caracas se han realizado marchas con civiles y militares armados, en las que se insta a mantener “en alto el fusil y la moral”.

Estas acciones son presentadas por el oficialismo como una demostración de unidad y capacidad de resistencia frente a lo que denominan una “agresión imperialista”.