Desde principios de septiembre de 2025, se han confirmado al menos cuatro ataques contra lanchas rápidas.

El presidente Donald Trump ha justificado estas operaciones como una necesidad para detener el flujo de “drogas venenosas” hacia su país, afirmando en la ONU: “A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América, téngase por avisado: lo haremos saltar por los aires”. La Casa Blanca ha vinculado estas embarcaciones con la banda criminal Tren de Aragua.

Sin embargo, el gobierno venezolano ha rechazado categóricamente esta versión, denunciando los ataques como “ajusticiamientos” y “crímenes de lesa humanidad”.

Según Caracas, las víctimas no eran narcoterroristas, sino pescadores y “jóvenes pobres” desarmados.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha solicitado una investigación formal a las Naciones Unidas.

La controversia sobre la identidad de las víctimas y la legalidad de los ataques bajo el derecho internacional es central en la escalada del conflicto. Mientras Estados Unidos defiende su derecho a la autodefensa, Venezuela y sus aliados, como el presidente colombiano Gustavo Petro, lo califican como una violación de la soberanía y un uso desproporcionado de la fuerza. En un giro que añade complejidad, autoridades de República Dominicana informaron haber recuperado 377 paquetes de cocaína de una de las lanchas destruidas, lo que Washington utiliza para validar su narrativa.