La controversia legal en torno a las operaciones estadounidenses se centra en varios puntos clave.

Primero, el uso de fuerza letal contra embarcaciones civiles en aguas internacionales, sin un proceso judicial previo o una declaración de guerra, ha sido calificado por el presidente Gustavo Petro y la organización Human Rights Watch como “ejecuciones extrajudiciales”. Argumentan que, independientemente de la carga que transportaran las lanchas, sus tripulantes tenían derecho a un debido proceso. Segundo, la falta de transparencia por parte de Washington ha agravado las dudas.

El gobierno de Trump no ha presentado públicamente pruebas concluyentes que demuestren que las víctimas eran narcotraficantes, que pertenecían a los grupos criminales mencionados o que representaban una amenaza inminente que justificara un “ataque cinético letal”. Esta ausencia de evidencia ha llevado a que la versión de que las víctimas eran migrantes o jóvenes pobres gane tracción en el debate regional. Tercero, se cuestiona la violación de la soberanía y el derecho internacional. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha solicitado una investigación a la ONU, acusando a Estados Unidos de cometer “crímenes de lesa humanidad”. La canciller colombiana también señaló que “el bombardeo a las embarcaciones (...) no es la manera desde el punto de vista de la legalidad”. La situación se complica con la revelación de que en el Congreso de EE. UU. se debate un proyecto de ley que busca autorizar al presidente a usar la fuerza militar contra carteles en el extranjero, incluso sin el consentimiento del país anfitrión, lo que sugiere una intención de formalizar una política de intervención unilateral que desafía las normas internacionales establecidas.