Washington acusa a Nicolás Maduro de ser el cabecilla del “Cartel de los Soles”, una presunta organización criminal compuesta por altos funcionarios del gobierno y militares venezolanos dedicada al tráfico de drogas. En 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos formales por narcoterrorismo contra Maduro y otros dirigentes, ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de dólares por su captura. Esta acusación ha sido la piedra angular de la política de “máxima presión”. En el contexto de los recientes ataques en el Caribe, Estados Unidos ha señalado específicamente a la banda criminal de origen venezolano, el “Tren de Aragua”, como operadora de las lanchas destruidas. El gobierno de Trump designó a este grupo como una organización terrorista, lo que le otorga un marco legal más amplio para el uso de la fuerza militar en su contra. El presidente Petro, en su discurso en la ONU, mencionó que los jóvenes asesinados fueron vinculados por EE.

UU. con esta banda.

El régimen venezolano ha negado sistemáticamente estas acusaciones, calificándolas de “fake news” y de ser un pretexto para justificar una intervención militar y apropiarse de los recursos petroleros del país. A pesar de las negativas de Caracas, la narrativa del “narcoestado” sigue siendo el principal argumento de Washington para legitimar su despliegue naval y sus acciones letales en la región, presentándolas no como un acto de guerra contra una nación, sino como una operación policial a gran escala contra organizaciones criminales y terroristas.