El gobierno colombiano, bajo la presidencia de Gustavo Petro, ha adoptado una postura crítica frente a la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Mientras rechaza la presencia militar estadounidense y las acciones letales en el Caribe, también mantiene un discurso de denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro, situándose en una posición diplomática delicada en la región. La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, ha calificado la presencia militar de Estados Unidos como “desmesurada” y ha afirmado que “nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico”. En la misma línea, el presidente Petro ha condenado enérgicamente los ataques a embarcaciones, llegando a pedir en la ONU un proceso penal contra Donald Trump.
Esta postura de rechazo a una posible intervención militar estadounidense se alinea con la declaración de América Latina como “territorio de paz”. Sin embargo, esta posición no implica un respaldo al régimen de Maduro.
De hecho, el propio Petro ha sido un crítico del gobierno venezolano, y la relación bilateral ha estado marcada por altibajos. Esta dualidad es percibida de manera diferente por la oposición venezolana. El dirigente Leopoldo López, por ejemplo, ha cuestionado el apoyo de Petro a Maduro, calificándolo como una “solidaridad ideológica” que “desconoce la voluntad popular de los venezolanos” que buscan un cambio democrático. La situación se complica aún más por la reciente descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, una decisión que Petro ha calificado de “injusticia” y “grosería”, y que añade una capa de tensión directa a la relación entre Bogotá y Washington.
En resumenLa posición diplomática de Colombia refleja un complejo dilema regional: oponerse a un posible intervencionismo estadounidense mientras se navegan las propias diferencias políticas e ideológicas con el gobierno de Maduro, una postura que genera críticas desde ambos lados del espectro político.