Estas acciones han sido calificadas como “ejecuciones extrajudiciales” por organizaciones de derechos humanos y han provocado la condena de líderes regionales, incluyendo al presidente de Colombia. Desde principios de septiembre, la administración Trump ha confirmado la destrucción de al menos tres lanchas rápidas en aguas internacionales, con un saldo de entre 14 y 17 fallecidos. El presidente estadounidense ha justificado estas operaciones como “ataques cinéticos letales” contra “narcoterroristas”, llegando a declarar en la ONU: “A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”.

Sin embargo, esta narrativa es fuertemente disputada.

El gobierno de Venezuela ha denunciado que las víctimas eran pescadores y civiles inocentes, mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro ha sostenido que se trataba de “simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción”. La organización Human Rights Watch calificó los bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales”, argumentando que el uso de fuerza letal sin intentar una captura viola el derecho internacional, ya que el narcotráfico no constituye un conflicto armado. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó a la ONU una investigación por “crímenes de lesa humanidad”. La controversia se centra en la legalidad y proporcionalidad de las acciones, pues críticos señalan que Estados Unidos carece de base legal para bombardear barcos que no son objetivos militares en tiempos de paz.