La administración de Donald Trump ha desplegado un poderoso dispositivo que incluye al menos ocho buques de guerra, entre ellos destructores de la clase Arleigh Burke equipados con misiles Tomahawk, un submarino de ataque de propulsión nuclear, más de 4.500 efectivos de la marina y cazas F-35B de última generación enviados a Puerto Rico. Oficialmente, el objetivo es reforzar las operaciones contra el narcotráfico, acusando directamente al presidente Nicolás Maduro de liderar el denominado ‘Cartel de los Soles’.

No obstante, esta justificación es vista con escepticismo en la región.

El gobierno venezolano ha denunciado el despliegue como un “asedio”, una “amenaza” y una “guerra no declarada” que busca forzar un “cambio de régimen” e instalar un “gobierno títere”. Esta percepción se ve reforzada por un informe de The New York Times que sugiere que el verdadero objetivo de la operación es presionar por la salida de Maduro del poder. La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, calificó la presencia militar como “desmesurada” y sin relación con la lucha antidrogas, mientras que el presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), Rolando González Patricio, advirtió que la militarización “pone en riesgo” la paz regional. La magnitud del despliegue y la retórica confrontacional han encendido las alarmas sobre una posible escalada militar, alimentando la incertidumbre geopolítica en el Caribe.