Los fondos, confiscados durante los últimos dos años a funcionarios, narcotraficantes y otros criminales conectados con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se encontraban en un limbo legal.

La propuesta legislativa, conocida como Ley PANA, busca redirigir estos recursos para apoyar a la oposición venezolana una vez que se produzca un cambio de gobierno. La congresista Salazar argumentó que “con 4.000 millones de dólares, podemos iniciar una revolución capitalista en una Venezuela libre”.

Según su visión, este dinero serviría para “ayudar a la oposición venezolana a reconstruir su país tras la destrucción del socialismo”.

La medida aún debe superar varias etapas legislativas antes de convertirse en ley, pero su aprobación en el comité representa un paso significativo. Esta acción se enmarca en la estrategia de “máxima presión” de Washington, que no solo busca sancionar al régimen actual, sino también sentar las bases para un eventual gobierno post-Maduro, utilizando los propios recursos desviados por la corrupción chavista para financiarlo.