Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha hundido al menos cuatro lanchas en aguas internacionales.

El presidente Trump ha justificado los ataques como “cinéticos letales” contra “narcoterroristas” que transportaban drogas como cocaína y fentanilo con destino a Estados Unidos.

En sus comunicados, a menudo acompañados de videos que muestran las explosiones, Trump ha lanzado advertencias directas: “¡Atención!

Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!”.

El Gobierno venezolano rechaza categóricamente esta versión, negando que las víctimas fueran delincuentes y afirmando que se trataba de civiles, posiblemente pescadores. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó una investigación a la ONU, mientras el canciller Yván Gil pidió al Consejo de Seguridad el cese de las acciones militares. Expertos en derecho internacional y organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado la legalidad de estas operaciones, argumentando que el uso de fuerza letal sin un proceso judicial viola normativas internacionales y que la lucha contra el narcotráfico no equivale a un conflicto armado que justifique ejecuciones. A pesar de las críticas, la administración Trump invoca la legislación post 11 de septiembre para justificar los ataques, aumentando la tensión y el riesgo de una confrontación directa en la región.