La iniciativa, impulsada por la congresista republicana María Elvira Salazar, busca utilizar los fondos confiscados en los últimos dos años a individuos vinculados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, incluyendo narcotraficantes y funcionarios sancionados.

Según Salazar, con estos recursos se podría iniciar una “revolución capitalista en una Venezuela libre”, apoyando a la oposición que, según ella, ganó las elecciones presidenciales de julio. La propuesta legislativa, denominada Ley PANA, tiene como objetivo transformar “el dinero robado en una herramienta para la libertad” y evitar que los fondos queden “en el limbo” o que los “criminales se queden con su botín”.

Esta medida representa una nueva forma de presión económica y política, que va más allá de las sanciones tradicionales.

Al destinar activos soberanos o privados de venezolanos a un proyecto político específico, Estados Unidos interviene directamente en el futuro del país. Para el gobierno de Maduro, esta acción constituye un acto de piratería y una violación de la soberanía, al confiscar recursos que pertenecen a Venezuela para financiar a sus adversarios políticos. La aprobación de esta enmienda, aunque aún debe superar más etapas para convertirse en ley, sienta un precedente significativo en la estrategia de Washington, que ahora no solo busca aislar al gobierno venezolano, sino también financiar activamente un cambio de régimen con sus propios activos confiscados.