Esta postura choca con la retórica de apoyo a la oposición venezolana y a quienes huyen del país. La medida ha sido bloqueada por tribunales de menor instancia, pero la insistencia de la administración ante el máximo tribunal demuestra su determinación. Para los demandantes y beneficiarios del TPS, la decisión de anular las protecciones no solo contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo, sino que también estaría motivada por razones políticas y raciales. Si el Tribunal Supremo falla a favor del gobierno, se abriría la puerta a la deportación de una comunidad que, en gran medida, ha huido de la misma crisis que Washington dice denunciar.