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Esta designación ha servido como base para una serie de medidas coercitivas, incluyendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura. La ofensiva militar en el Caribe, con ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, se presenta como una consecuencia directa de esta política.

El presidente Trump ha afirmado que las lanchas destruidas transportaban “una gran cantidad de drogas” hacia su país y ha calificado a sus ocupantes de “narcoterroristas”.

Esta estrategia permite a Washington eludir las limitaciones del derecho internacional sobre la guerra entre Estados, al enmarcar sus acciones como una operación policial contra una organización criminal.

Sin embargo, Caracas rechaza categóricamente estas acusaciones, calificándolas de “fabricadas” y como un pretexto para una intervención.

El propio Maduro ha negado el rol de Venezuela en el narcotráfico, afirmando que “solo el 5 % de la droga producida en Colombia pasa por nuestro territorio”.