El despliegue estadounidense en el Caribe representa la escalada más tangible en las tensiones con Venezuela, moviendo el conflicto del ámbito diplomático y económico al militar.

Según los informes, la operación incluye al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque de propulsión nuclear, más de 4.500 soldados y cazas F-35B de última generación enviados a Puerto Rico. La justificación oficial de Washington es la lucha contra el narcotráfico, vinculando las operaciones a grupos como el ‘Tren de Aragua’ y el ‘Cartel de los Soles’, presuntamente liderado por Nicolás Maduro. Sin embargo, la ofensiva ha incluido el uso de fuerza letal, con el presidente Donald Trump confirmando la destrucción de al menos cuatro embarcaciones desde agosto, resultando en la muerte de aproximadamente 20 personas, a quienes ha calificado de “narcoterroristas”. Estos ataques han sido descritos por la organización Human Rights Watch como posibles “ejecuciones extrajudiciales”, cuestionando su legalidad bajo el derecho internacional, ya que no existe un estado de guerra declarado. Por su parte, el gobierno venezolano ha denunciado estas acciones como una “guerra no declarada” y un plan para forzar un “cambio de régimen por petróleo”. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que se trata de “ajusticiamientos” en el mar Caribe, mientras el fiscal general Tarek William Saab solicitó una investigación de la ONU por “crímenes de lesa humanidad”. La escalada ha puesto a la región en alerta máxima, con analistas advirtiendo sobre el riesgo de un conflicto más amplio.