La iniciativa, propuesta por la congresista republicana María Elvira Salazar, busca utilizar los fondos incautados durante los últimos dos años a funcionarios chavistas, narcotraficantes y otros criminales asociados a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Aunque la propuesta aún debe superar más etapas legislativas para convertirse en ley, su aprobación unánime en el comité señala un fuerte consenso bipartidista sobre la política hacia Venezuela.

Salazar argumentó que “una vez que el dictador y sus secuaces desaparezcan, será necesario reconstruir ese país tras la destrucción del socialismo de los últimos 26 años”. La congresista describió el plan como una forma de iniciar una “revolución capitalista en una Venezuela libre”, apoyando a la oposición que, según ella, ganó las elecciones presidenciales de julio. “Toma el dinero robado y lo convierte en una herramienta para la libertad”, expresó, advirtiendo que sin esta ley, “el dinero está en el limbo y los criminales pueden quedarse con su botín”. Esta medida económica complementa la presión militar y diplomática, delineando un plan para un escenario post-Maduro en el que Estados Unidos jugaría un rol financiero clave, utilizando los propios activos congelados del chavismo para moldear el futuro político y económico de Venezuela según sus intereses.