Por su parte, el gobierno de China respaldó a Venezuela, pidiendo a Washington no usar la lucha antinarcóticos como “excusa para socavar la seguridad económica” de otros países e instándolo a cesar la “coacción” sobre América Latina. Más allá de las posturas diplomáticas, la legalidad de los ataques ha sido puesta en duda. Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitieron un comunicado recordando que las actividades criminales deben ser procesadas “de acuerdo con el Estado de derecho” y no mediante asesinatos de presuntos delincuentes.

La organización Human Rights Watch fue más directa, calificando los bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales” y advirtiendo que la “guerra contra las drogas” no es excusa para violar los derechos humanos.

Incluso dentro de Estados Unidos, un grupo de 24 senadores demócratas envió una carta al presidente Trump exigiendo pruebas que justifiquen el uso de fuerza letal y aclaraciones sobre la base legal de la operación.