El presidente Donald Trump ha confirmado personalmente la ejecución de múltiples “ataques cinéticos letales” contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y procedentes de Venezuela, acciones que han resultado en la muerte de al menos 17 personas y han sido calificadas como “ejecuciones extrajudiciales” por organizaciones de derechos humanos. La ofensiva militar estadounidense en el Caribe ha pasado de la simple presencia a la acción directa y letal. Trump anunció un primer ataque el 2 de septiembre, que resultó en la muerte de 11 personas, a quienes describió como “narcoterroristas”. Posteriormente, confirmó un segundo ataque que dejó tres “narcoterroristas venezolanos” muertos, y más tarde afirmó que en realidad se habían “eliminado tres embarcaciones, no dos”.
Para justificar las operaciones, el mandatario ha publicado videos sin audio en su red social Truth Social que muestran lanchas explotando tras ser impactadas por proyectiles.
Según Trump, estas embarcaciones transportaban “enormes bolsas de cocaína por doquier” y fentanilo con el objetivo de “envenenar a los estadounidenses”. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas detalladas sobre la carga de las lanchas ni la identidad de los fallecidos. La legalidad de estos ataques ha sido fuertemente cuestionada. Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalaron que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas”. La organización Human Rights Watch calificó los bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales”, y senadores demócratas han exigido a la Casa Blanca explicaciones y pruebas que justifiquen el uso de fuerza letal en lugar de procedimientos de interdicción y captura. Desde Caracas, Nicolás Maduro ha denunciado los hechos como una “pena de muerte marítima” y un “crimen injustificable”.
En resumenLos ataques directos de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, que han causado múltiples muertes, marcan una grave escalada en el conflicto. A pesar de la justificación de Washington como una acción contra “narcoterroristas”, la falta de pruebas y la letalidad de las operaciones han generado condenas internacionales y acusaciones de violaciones al derecho internacional, exacerbando la crisis con Venezuela.