Aunque la iniciativa aún debe superar varias etapas legislativas, su aprobación unánime en el comité señala un fuerte consenso bipartidista sobre esta política. Salazar explicó que el objetivo es transformar el “dinero robado” en una “herramienta para la libertad”. En sus palabras, “con 4.000 millones de dólares, podemos iniciar una revolución capitalista en una Venezuela libre, con una oposición que ahora se esconde, pero que ganó las elecciones presidenciales de julio pasado”. La congresista argumentó que sin esta ley, “el dinero está en el limbo y los criminales no pueden quedarse con su botín”. Esta política indica que la estrategia de Washington no se limita a la presión militar y diplomática actual, sino que también contempla un plan post-régimen. La medida busca sentar las bases financieras para apoyar a una eventual transición política, lo que se alinea con la narrativa estadounidense de buscar un “cambio de régimen” en el país sudamericano.