El primer incidente divulgado ocurrió el 2 de septiembre, cuando una lancha rápida con once tripulantes fue destruida, presuntamente operada por miembros del Tren de Aragua. Posteriormente, el 15 de septiembre, Trump anunció un segundo “ataque cinético” contra otra lancha que transportaba a tres hombres, a quienes llamó “narcoterroristas venezolanos”. El mandatario acompañó su anuncio con un video que muestra la explosión de la embarcación y lanzó una dura advertencia: “¡Atención!

Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!”.

Según Trump, las lanchas transportaban “enormes bolsas de cocaína por doquier” y fentanilo.

El gobierno venezolano, a través de figuras como Diosdado Cabello, admitió que el ataque ocurrió pero negó rotundamente que las víctimas tuvieran vínculos con el narcotráfico, calificando el hecho como un “asesinato” de ciudadanos inocentes.

Estos ataques han generado un profundo debate sobre su legalidad.

Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y senadores demócratas en Estados Unidos han cuestionado la base legal para bombardear barcos en aguas internacionales, sugiriendo que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Una investigación de The New York Times reveló que la primera lancha destruida habría cambiado de rumbo para regresar a Venezuela al ser perseguida, lo que pone en duda el principio de proporcionalidad y la justificación de una amenaza inminente.