Según el comunicado de la Cancillería venezolana, la embarcación, con nueve "humildes pescadores" a bordo, fue asaltada de manera "hostil" a 48 millas náuticas de la Isla La Blanquilla. El gobierno de Maduro afirmó que dieciocho efectivos estadounidenses armados ocuparon el barco, impidiendo la comunicación de la tripulación. Caracas describió la acción como desproporcionada y parte de una estrategia de Washington para "fabricar pretextos de aventuras bélicas". La denuncia fue respaldada por China, cuyo portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que este tipo de maniobras "vulnera gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de otros países". Pekín instó a Washington a no usar la lucha antidrogas como una excusa para socavar la seguridad de otras naciones. Este evento, aunque no resultó en víctimas, representa una escalada significativa al implicar la interdicción de una embarcación civil venezolana por parte de un buque de guerra estadounidense en aguas que Venezuela reclama como parte de su soberanía económica.