La administración Trump justifica sus operaciones bajo la legislación post-11S y la autodefensa, una postura que no es universalmente aceptada.

La base legal de los ataques ha sido puesta en duda desde múltiples frentes. Un grupo de 24 senadores demócratas envió una carta al presidente Trump exigiendo explicaciones y pruebas de que las operaciones constituían una defensa legítima contra una amenaza inminente, cuestionando por qué se optó por la fuerza letal en lugar de la interdicción. Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han sido claros al afirmar que el derecho internacional no permite a los gobiernos asesinar a presuntos traficantes de drogas, insistiendo en que las actividades criminales deben ser procesadas bajo el Estado de derecho. La administración Trump, por su parte, invoca la legislación de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001, así como su autoridad constitucional. Sin embargo, esta justificación es criticada por extender de manera desproporcionada los poderes de guerra presidenciales a la lucha contra el narcotráfico. La controversia se agudizó con un informe de The New York Times que, citando fuentes militares, reveló que la primera lancha atacada había cambiado de rumbo para regresar a la costa venezolana tras detectar un avión de vigilancia, lo que debilita el argumento de una “amenaza directa e inminente”. La destrucción total de la evidencia en estos ataques también impide cualquier forma de debido proceso, lo que refuerza la percepción de que se trata de una política de “pena de muerte marítima”, como la describió Nicolás Maduro.