Esta movilización, presentada oficialmente como una operación antinarcóticos a gran escala, es interpretada por Venezuela y otros actores regionales como una demostración de fuerza y una amenaza directa a la soberanía y la paz en la región. El contingente estadounidense está compuesto por al menos ocho buques de guerra equipados con misiles, un submarino de propulsión nuclear y un despliegue de cazas furtivos F-35 en la base Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico. A esta fuerza naval y aérea se suma una intensificación de la vigilancia.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos triplicó los vuelos de aviones espía en agosto, utilizando aeronaves como los RC-135, con capacidad para recopilar información en tiempo real penetrando el territorio venezolano, y los E-3 Sentry AWACS, especializados en alerta temprana. Washington justifica esta masiva presencia militar como una herramienta necesaria para combatir al denominado “Cartel de los Soles”, una presunta red de narcotráfico que, según EE.

UU., es liderada por altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, esta justificación es recibida con escepticismo en la región.

Gobiernos como los de Colombia, Brasil y México han expresado su preocupación por la magnitud de la operación, calificándola de “desproporcionada” y haciendo un llamado a preservar la paz. La movilización es vista no solo como una estrategia de presión contra Caracas, sino como una reafirmación del poderío estadounidense en una zona de histórica influencia geopolítica.