Estas acciones letales, confirmadas y defendidas por el presidente Donald Trump, han generado una crisis diplomática y un intenso debate sobre su legalidad y proporcionalidad.

La ofensiva estadounidense se materializó con la destrucción de al menos tres embarcaciones. El primer incidente divulgado, ocurrido el 2 de septiembre, resultó en la muerte de once personas, seguido por un segundo ataque que dejó tres fallecidos y un tercero confirmado posteriormente por el propio Trump.

El mandatario estadounidense calificó a las víctimas como “narcoterroristas” y lanzó una advertencia directa: “¡Atención!

Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!”.

La justificación de Washington se centra en la interdicción de cargamentos de cocaína y fentanilo destinados a su territorio.

En contraste, el gobierno venezolano ha negado vehementemente estas acusaciones.

El ministro Diosdado Cabello afirmó que los ocupantes de una de las lanchas eran ciudadanos inocentes y no miembros del Tren de Aragua, como alegó EE.

UU.

Por su parte, Nicolás Maduro calificó los ataques como una “pena de muerte marítima” y un “crimen injustificable, sin derecho a la defensa, sin juicio, sin ley”. Expertos en derecho internacional, citados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han señalado que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas”, lo que alimenta la tesis de que estas operaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

La destrucción total de las embarcaciones, su carga y sus ocupantes impide cualquier proceso judicial y elimina pruebas cruciales, convirtiendo las acciones militares en un sustituto del debido proceso legal.