UU. denunció públicamente el hecho, describiéndolo como una "acción altamente provocadora" y una "maniobra provocativa" diseñada para interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas que Washington realiza en la región. Según el Pentágono, las aeronaves venezolanas estaban armadas, lo que fue interpretado como una clara demostración de fuerza. Este evento se produjo apenas dos días después del ataque estadounidense a una embarcación venezolana, por lo que se considera una respuesta directa de Caracas a la creciente presencia militar de EE.

UU. cerca de sus costas. La acción venezolana fue vista como un intento de proyectar capacidad de defensa y disuasión, aunque desde Washington se advirtió al "cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir" con sus operaciones. Este episodio de hostilidad aérea ha sido uno de los más directos entre las fuerzas militares de ambos países en los últimos años, poniendo de manifiesto la fragilidad de la situación y el potencial de que un error de cálculo desencadene un conflicto armado a gran escala.